Durante más de 20 años, María de los Ángeles Sereno trabajó en los campos de Cornerstone Ranches, una empresa que cultiva lúpulo y manzanas en Toppenish. Su esposo, José, llevaba allí aún más tiempo. Dos de sus hijos habían seguido sus pasos al empezar a trabajar allí en cuanto terminaron la preparatoria. Para su familia, como para muchas otras en el Valle de Yakima, Cornerstone había sido una fuente de trabajo estable durante décadas.
El 2 de marzo de 2023, todo eso terminó sin previo aviso. A María, a sus dos hijos y a varios compañeros de trabajo les llamaron para decirles que estaban despedidos.
“Les preguntamos por qué”, recuerda María. “Nos dijeron que era porque ya no había trabajo para nosotros. No tenía sentido”.
Las explicaciones cambiaban una y otra vez. Primero dijeron que era por la rapidez del trabajo, aunque María había cumplido con todos los estándares de la empresa. Luego dijeron que era un despido temporal, hasta que la empresa admitió que era definitivo. La verdadera razón quedó clara al día siguiente, cuando llegaron trabajadores temporales H-2A, contratados mediante un programa federal de visas, para ocupar sus puestos.
“Llevo veinte años trabajando ahí”, dice María, “y la empresa nos dio la espalda en un abrir y cerrar de ojos”.
El costo para una familia
El despido afectó profundamente a la familia de María. Se atrasaron en el pago de las cuentas y su sueño de tener una casa propia quedó en suspenso. Para poder cubrir sus gastos, María aceptó un trabajo en el turno de noche, lo que significó pasar menos tiempo con su hija, que tiene discapacidades y depende de sus cuidados.
Sus compañeros de trabajo también sintieron la pérdida. Muchos eran la segunda generación de sus familias que trabajaba en Cornerstone, jóvenes que habían seguido los pasos de sus padres en los huertos y esperaban pasar a desempeñar trabajos que requieren mayor destreza, como manejar un tractor. En cambio, fueron despedidos sin previo aviso.
La lucha por sus derechos
María y varios otros trabajadores despedidos se comunicaron con el NJP. Con la ayuda del NJP y del bufete Sunlight Law, PLLC, que colaboró en su representación, presentaron una demanda en el Tribunal Superior del Condado de Yakima. Alegaron que se les había despedido indebidamente y negado empleo e igualdad de condiciones de trabajo para favorecer a trabajadores H-2A.
“Se trataba de buscar justicia”, dice María, “porque nos despidieron de manera injusta e indebida”.
Alzar la voz implicaba riesgos. Poco después de que se presentara la demanda, la empresa empezó a tomar represalias contra José. Había pasado 15 años podando, cosechando y deshierbando antes de convertirse en supervisor, y de pronto le quitaron ese puesto. “Luego me redujeron las horas a la mitad, mientras que a los trabajadores por contrato les ofrecían el doble de horas”, dice José. Cuando a él también le despidieron sin explicación, José se sumó a la demanda.
Los empleadores que usan el programa H-2A están obligados por ley a certificar que no hay suficientes trabajadores de EE. UU. disponibles y a ofrecer a los trabajadores locales los mismos salarios, beneficios y condiciones que a los trabajadores H-2A. A María y a sus compañeros nunca les ofrecieron ese contrato.
Rendición de cuentas y protecciones para otras personas
Al final, los trabajadores lograron un acuerdo de conciliación de $22,000 para cada uno. El NJP y Sunlight Law también llevaron el caso a la Oficina del Procurador General del Estado de Washington, que abrió una investigación más amplia e identificó a más de 50 trabajadores agrícolas afectados. El decreto por consentimiento resultante, un acuerdo aprobado por el tribunal, otorga más de $1 millón en compensación económica.
También exige cambios duraderos. Cornerstone tiene que buscar y contactar a sus antiguos empleados locales para ofrecerles trabajo antes de contratar a trabajadores H-2A. Tiene que dar a los trabajadores locales el mismo salario, las mismas horas y las mismas condiciones, y adoptar políticas contra la discriminación con capacitación periódica. La Oficina del Procurador General vigilará el cumplimiento durante al menos tres años.
Esta es la cuarta gran acción para hacer cumplir las reglas del programa H-2A en Washington en años recientes, lo que refleja un patrón preocupante de desplazamiento de trabajadores locales con experiencia.
Para María, el resultado va más allá de su propia familia. “Con este decreto, otros trabajadores pueden ver que hay ayuda disponible si les tratan injustamente. No tienen que tolerar el maltrato”.
El alivio es real, dice, pero también lo es el recuerdo. “Ahora, gracias a Dios, ya terminamos. Una sí se siente mejor, pero nunca lo olvida”.