La comunidad Latina/o/x constituye la gran mayoría de los trabajadores agrícolas del estado de Washington. Como comunidad de color, cultural y lingüísticamente distinta, no es casualidad que esta fuerza laboral crítica enfrente condiciones laborales crónicas inseguras, acoso y explotación económica. Durante la pandemia, el Congreso aprobó una ley para proteger a los trabajadores que se enferman. Sin embargo, muchos empleadores agrícolas participaron en campañas para deshacerse de los trabajadores que se rumoreaba habían propagado el COVID.
Beatriz Amezcua trabajaba en una planta empacadora de frutas en la zona este de Washington cuando se produjo la pandemia de COVID. Como trabajadora aplicada, hacía turnos de 16 horas para ayudar a sacar adelante la empresa y apoyar a sus compañeros de trabajo.
Beatriz fue víctima de la propagación del virus en el lugar de trabajo, pero ella fue señalada como la causante. Ella y otros trabajadores fueron despedidos por enfermarse. Cuando esto sucedió, en junio de 2020, los latinos constituían el 13% de la población de Washington pero el 42% de los casos de COVID.
Beatriz sabía que lo que le pasó a ella y a sus compañeros de trabajo era una injusticia y buscó ayuda. La Unidad de Trabajadores Agrícolas del Proyecto de Justicia del Noroeste (NJP-FWU), que existe para reivindicar los derechos legales de los trabajadores agrícolas, aceptó representarla en la presentación de una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Washington. Pero a finales de 2021, la Comisión desestimó el caso sin tomar ninguna medida contra el empleador. Luego, la NJP-FWU representó a Beatriz en la presentación de una demanda federal en el Distrito Este de Washington en Spokane en virtud de la Ley de Respuesta al Coronavirus de Familias Primero.
Después de un largo litigio, Beatriz prevaleció. Recibió indemnización por la injusticia y la pérdida de ingresos, y la empresa acordó cambiar de manera significativa sus políticas de licencia por enfermedad (aplicables más allá de COVID). Esto incluye poner fin a un sistema de puntos que despedía a los trabajadores una vez que acumulaban una cierta cantidad de puntos por ausencias relacionadas con la salud. Esas políticas habían creado una atmósfera de miedo que animaba a los trabajadores a aguantar las situaciones de enfermedad, contribuyendo a la propagación de enfermedades y perjudicando la salud de los trabajadores.
Aunque las condiciones laborales mejoraron en su empleador y ya ha pasado lo peor de la pandemia, persisten las injustas condiciones laborales infligidas a trabajadores agrícolas latinas/os/x en todo Washington: salarios bajos, viviendas hacinadas y condiciones laborales inseguras en campos y fábricas. La crisis climática está empeorando los riesgos para la salud y la seguridad.
Los trabajadores agrícolas ya tienen alrededor de 35 veces más probabilidades de morir a causa del calor que otros trabajadores y se prevé que la crisis climática duplique el número de días laborales peligrosamente calurosos para 2050. Los trabajadores agrícolas de Washington, que en conjunto impulsan la industria agrícola estatal de 6 mil millones de dólares, tienen una larga historia de lucha por la justicia, tanto individual como colectivamente.
La Unidad Campesina de NJP, con sede en Yakima, apoya esa lucha brindando asesoramiento legal, representación legal y educación comunitaria a los trabajadores agrícolas y sus familias. Su defensa legal abarca la salud y la seguridad laboral, el acoso sexual en el trabajo y la discriminación en el empleo, el robo de salarios, la aplicación de las protecciones del programa de trabajadores temporales H-2A, la lucha contra el tráfico y la trata de personas y la igualdad de acceso a los programas estatales y federales.